Las dinámicas poblacionales están experimentando cambios sin precedentes, que plantean retos estructurales a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y a la salud financiera de los fondos de retiro privados.
El mundo enfrenta un proceso de envejecimiento global acelerado, en el que los mayores de 50 años superarán por primera vez el 25% de la población en 2025 y seguirán ganando peso en las décadas siguientes. La longevidad media se sitúa alrededor de los 74 años con tendencia alcista, y en países como España alcanza ya los 84 años. En paralelo, la natalidad en las economías desarrolladas permanece por debajo del nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer), con España rondando apenas 1,3 hijos desde hace más de 40 años.
En municipios españoles de menos de 1.000 habitantes, más del 10% de la población supera los 80 años, ilustrando la desigualdad territorial en el ritmo de envejecimiento. Este fenómeno impone desafíos adicionales en la prestación de servicios sanitarios y de cuidados.
Desde un punto de vista macroeconómico, el envejecimiento y la baja natalidad reducen la población en edad de trabajar, frenando el crecimiento potencial. El FMI estima que este factor podría restar 1,1 puntos porcentuales al crecimiento global anual entre 2025 y 2050, mientras las regiones avanzadas lidian con la transición climática y digital.
El ratio de dependencia de mayores —la proporción de personas de 65+ años respecto a la población en edad de trabajar— avanza a ritmo acelerado. En España, esta ratio alcanzó un 36% en 2020 y se proyecta en un 61% para 2050, pasando de 2,6 trabajadores por jubilado a solo 1,6.
Fenómenos similares se observan en Japón, Alemania o Italia, donde las cohortes de baby boomers se retiran masivamente y no existe relevo generacional suficiente. Esto configura la conocida “trampa demográfica”, que presiona tanto los sistemas de reparto como las finanzas públicas.
Para mantener la ratio de dependencia actual solo vía inmigración, España requeriría casi un millón de inmigrantes netos al año durante treinta años, cifra muy superior a las previsiones de 375.000 anuales. Esto evidencia la limitación de la migración como palanca única y subraya la necesidad de respuestas múltiples.
El envejecimiento conlleva un aumento significativo del gasto en pensiones, sanidad y dependencia, al tiempo que la base de cotizantes se estanca o decrece. Muchos países con alta deuda pública afrontan riesgos de sostenibilidad fiscal y un fuerte incremento del gasto en pensiones como % del PIB si no aplican reformas estructurales.
La indexación de pensiones a la inflación o a los salarios traslada el riesgo de longevidad al contribuyente, ampliando la carga fiscal. Además, recientes episodios de alta inflación han erosionado el poder adquisitivo de prestaciones y ahorros, profundizando la tensión sobre los sistemas de reparto.
En el mundo privado, los fondos de pensiones de prestación definida y las aseguradoras de rentas vitalicias se enfrentan a pasivos cada vez más largos. Esto obliga a rediseñar la asignación de activos, incorporando mayor exposición a renta variable, alternativos y derivados de longevidad para equilibrar riesgos.
Para hacer frente a los retos demográficos, numerosos países adelantan reformas en sus sistemas de pensiones, combinando reparto y capitalización y estableciendo mecanismos automáticos de ajuste a la esperanza de vida.
En Suecia y Países Bajos, se emplean cuentas nocionales mixtas vinculadas a la esperanza de vida; en Chile, se ajusta la pensión de reparto según los cambios demográficos. Estas prácticas buscan mantener el equilibrio actuarial sin sacrificar el poder adquisitivo de los jubilados.
La industria de gestión de activos responde con soluciones como fondos target-date, estrategias de ciclo de vida y plataformas de ahorro automatizado con análisis de supervivencia mediante inteligencia artificial. Estas herramientas personalizan la exposición al riesgo y ayudan a los individuos a optimizar su ahorro para el retiro.
La inacción podría desencadenar déficits crónicos en pensiones, aumento de la pobreza en mayores y tensión social. Si no se recalibran los sistemas, podrían florecer desequilibrios fiscales de largo plazo y un incremento de la desigualdad intergeneracional.
Aunque el escenario es desafiante, existen oportunidades de innovación sin precedentes. El auge de la salud digital, los fármacos antienvejecimiento y los servicios de empleo flexible para mayores de 60 años están redefiniendo la experiencia del retiro.
Asimismo, la integración de criterios ESG y la inversión en activos vinculados al envejecimiento saludable ofrecen nuevas vías para alinear rentabilidad y propósito social. El uso de tecnología blockchain y contratos inteligentes puede mejorar la transparencia y eficiencia de los sistemas de pensiones.
La clave está en alinear incentivos intergeneracionales y fomentar una cultura de responsabilidad colectiva. Gobiernos, inversores y ciudadanos deben colaborar para convertir el reto demográfico en un motor de crecimiento inclusivo y resiliente.
Solo así, combinando visión estratégica, reformas estructurales y colaboración multisectorial, podremos asegurar que las próximas generaciones disfruten de una jubilación digna y sostenible.
Referencias
