Los microcréditos han pasado de ser una herramienta de cooperación al desarrollo a convertirse en un fenómeno financiero complejo.
La definición clásica de microcrédito se refiere a préstamos muy pequeños destinados a personas con bajos ingresos que carecen de colateral o historial crediticio verificable. Tradicionalmente vinculados al universo de las microfinanzas, estos productos buscan financiar actividades productivas y de autoempleo.
En Europa, y especialmente en España, el Banco de España los define como préstamos de reducido importe para personas sin garantías suficientes, con condiciones preferentes y normalmente sin avales. Por su parte, entidades como CaixaBank los describen como productos de enfoque social para quienes tienen dificultades de acceso al sistema financiero.
Las cuantías varían según el contexto: en países en desarrollo suelen ser hasta varios cientos o pocos miles de euros, con plazos cortos de devolución. En España, muchas líneas oscilan entre 200 y 5.000 euros, aunque plataformas online pueden ofrecer desde 500 hasta más de 5.000 euros bajo distintos requisitos.
Originalmente concebidos como una herramienta de solidaridad con altos subsidios, hoy conviven dos vertientes:
El microcrédito tienen un origen emblemático en experiencias de Bangladés donde surgió como una respuesta a la pobreza extrema. Emprendedores adquirían vacas, máquinas de coser o pequeños stocks, generando ingresos para sus hogares.
Sus objetivos declarados son claros y sociales:
Operativamente, los microcréditos suelen presentar:
La elegibilidad varía según la naturaleza del programa. En versiones sociales se solicita un plan de negocio y cierta documentación. En las plataformas online más comerciales se acepta incluso historial negativo, con tramitación casi instantánea.
Entre los oferentes encontramos microfinancieras especializadas, ONG, bancos éticos, fundaciones, bancos comerciales y fintech que aprovechan el término para atraer clientes a préstamos pequeños e inmediatos.
En el plano de la inclusión financiera, los microcréditos facilitan el acceso a servicios formales y contribuyen a la formalización de actividades económicas informales.
Respecto al emprendimiento y la resiliencia, permiten la puesta en marcha de pequeños negocios que generan autoempleo e incluso empleo local. Sirven como colchón ante shocks económicos, como se vio durante la pandemia, ayudando a sostener ingresos cuando disminuyen.
Han sido especialmente valorados por empoderar a colectivos vulnerables:
Estudios académicos identifican mejoras a nivel de hogar y microempresa en inversión inicial y diversificación de ingresos, aunque encuentran un impacto limitado en el crecimiento macroeconómico. La sostenibilidad depende de la gestión del riesgo de crédito y del control de los costes operativos.
Aunque el microcrédito social persigue fines loables, su conversión en productos comerciales genera riesgos:
Las críticas destacan que la presión de amortización frecuente puede llevar a situaciones de vulnerabilidad aguda y que, en algunos casos, los préstamos se destinan a consumo, no a inversión productiva.
Los estudios alertan de un riesgo reputacional para instituciones sociales si no controlan el trasvase hacia modelos comerciales sin salvaguardas.
Los debates se centran en cómo equilibrar el objetivo social con la viabilidad financiera. Casos como la rápida expansión de fintech de préstamos exprés evidencian la delgada línea entre apoyo al emprendimiento y créditos depredadores.
En España, estadísticas recientes muestran que las instituciones sociales mantienen tasas de morosidad bajas (PAR a 30 días inferior al 3%), mientras que los minicréditos alcanzan cifras del 20% o más.
La discusión actual apunta a reforzar la transparencia, exigir evaluación de proyectos en todos los formatos y promover la educación financiera de los solicitantes.
Solo así será posible preservar el espíritu original del microcrédito como instrumento de desarrollo y evitar que se convierta en una nueva forma de exclusión.
Referencias
