En un mundo cada vez más interconectado, la inversión extranjera directa (IED) juega un papel fundamental en el crecimiento económico de naciones emergentes y desarrolladas.
La regulación global de la IED establece las reglas del juego, brindando certeza jurídica y permitiendo transparencia y confianza en los mercados.
La OCDE distingue entre inversiones greenfield, fusiones y adquisiciones transfronterizas, y reinversión de beneficios o préstamos intragrupo.
Estos tres componentes constituyen la base estadística para analizar flujos de capital y la actuación de las multinacionales.
Contar con datos estadísticos armonizados a nivel internacional es clave para evaluar el impacto real de la IED en el desarrollo.
El intento inicial de 1948 de crear un régimen multilateral de inversión, la Carta de La Habana, no prosperó, pero sentó las bases para:
La falta de consenso multilateral dio paso a una red de tratados bilaterales de inversión (BITs) y capítulos de inversión en acuerdos de libre comercio.
Este enfoque permitió a potencias como Estados Unidos ofrecer certezas para los inversores, aunque también generó críticas sobre la limitación del espacio regulatorio en países en desarrollo.
Diversas organizaciones internacionales contribuyen a definir y supervisar este entramado normativo.
UNCTAD impulsa un enfoque que contemple el desarrollo, mientras que la OCDE ofrece directrices estadísticas y la OMC integra disposiciones de servicios aplicables a la IED.
En el ámbito bursátil, ESMA y IOSCO garantizan buenas prácticas y lucha contra abusos de mercado y fraudes, fortaleciendo la confianza de pequeños inversores.
Aunque la IED es el foco principal, los mercados de valores condicionan parte de la inversión internacional.
En España, la Ley 6/2023 de Mercados de Valores refuerza la transparencia, la digitalización y la protección del inversor minorista.
A nivel europeo, el MiFID y la supervisión del BCE aseguran estabilidad y estabilidad financiera y confianza en los mercados.
Las adquisiciones bursátiles transfronterizas ilustran la interacción entre IED y regímenes de valores.
El Reglamento (UE) 2019/452 establece un marco europeo para el control de las inversiones extranjeras directas por motivos de seguridad y orden público.
En vigor desde octubre de 2020, este instrumento no deroga las normativas nacionales, pero promueve la cooperación y el intercambio de información.
Este sistema responde a las tensiones geopolíticas y al deseo de proteger activos estratégicos tras crisis globales, buscando un equilibrio entre apertura y seguridad nacional.
La regulación global de la IED enfrenta tensiones que giran en torno a:
La tendencia apunta a crear estándares más inclusivos, que consideren el interés público y la sostenibilidad como pilares fundamentales.
Proyectos como el Pacto Verde Europeo y las propuestas de UNCTAD sugieren un futuro donde la inversión concilie objetivos económicos, sociales y ambientales.
La regulación global de la inversión representa un delicado acto de equilibrio.
Por un lado, se busca ofrecer predictibilidad y protección frente a expropiaciones arbitrarias; por otro, se requiere preservar la capacidad de los Estados para legislar en beneficio de sus ciudadanos.
Entender esta compleja red de tratados, reglamentos y organismos es esencial para empresas, gobiernos y sociedad civil.
Solo así se podrá construir un sistema de inversión internacional que combine eficiencia económica, innovación tecnológica y respeto por el interés público.
El futuro de la IED dependerá de la habilidad de los actores globales para adaptarse a desafíos emergentes y reforzar la cooperación multilateral.
Referencias
